Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del movimiento político fundado por su padre, salió este lunes en libertad por segunda vez en cinco meses después de que la Justicia revocase nuevamente la medida de prisión preventiva por presunto lavado de dinero.
Fujimori fue puesta en libertad condicional en el momento más crítico de la pandemia del COVID-19 en Perú, después de que denunciase el riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel igual que decenas de mujeres ancianas, embarazadas o con hijos menores de 3 años con las que compartió reclusión en la misma cárcel.
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La líder del partido fujimorista Fuerza Popular abandonó la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos en torno a las 16.00 hora local (21.00 GMT), en un momento muy distinto a la gran expectación que suscitó la misma salida de la cárcel el pasado noviembre.
Esta vez Fujimori atravesó rápidamente un pasillo de policías para tomar un taxi donde estaba su hermano mayor Hiro. Al frente, algunos periodistas gráficos fueron los únicos testigos del momento, a los que Fujimori dedicó un breve saludo.
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En ese mismo lugar hace cinco meses, un tumulto de periodistas se agolpaba en torno a la pequeña puerta del penal y cientos de simpatizantes la aclamaban hasta el automóvil familiar mientras se abrazaba con su esposo Mark Vito, que había acampado varios días frente a la prisión.
Descarte de COVID-19
Desde la cárcel, Keiko se dirigió a su domicilio familiar, en el distrito limeño de Surco, donde ya le esperaba un empleado de un laboratorio privado para practicarle una muestra rápida y otra molecular (PCR) de descarte del virus SARS-CoV-2, que ya ha matado en Perú a más de 1.300 personas y contagiado a más de 47.000.
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Antes de abandonar la prisión, Fujimori ya había adelantado en sus redes sociales que no se reuniría con su familia hasta estar completamente segura de no tener el virus. Mientras tanto, Mark Vito y sus dos hijas permanecen en el domicilio de Susana Higuchi, la madre de Keiko.
Las hacinadas prisiones de Perú, que albergan a 97.500 reos cuando su capacidad es para poco más de 40.000, se han vuelto un gran foco infeccioso del coronavirus que ha causado la muerte de al menos 30 presos y el contagio de otros 600, y entre los funcionarios penitenciarios también hay no menos de 7 muertos y 180 infectados.